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보고

2019년 10월 31일

저자:
María Soledad Betancur – Fundación Heinrich Böll Stiftung

Colombia: Balance sobre los conflictos y afectaciones asociados a la minería de oro

“Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia” – Noviembre de 2019 

… (…) el conflicto no solo se expresa con los pequeños mineros en los territorios, sino también con los actores que defienden el medio ambiente. Por ello, Colombia puede aportar, como caso de estudio, al desarrollo de nuevos análisis e investigaciones que muestren la necesidad de crear reglas que obliguen a las empresas al respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y que, además, las comprometan con implementar planes de reparación en las comunidades y territorios donde se generan afectaciones… En Colombia, sin embargo, la realidad plantea es una amplia protección a las inversiones de las empresas, por medio de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), que mantienen las condiciones favorables para inversionistas extranjeros; los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs); los capítulos de inversión contenidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales crean el marco jurídico internacional para que empresas como Gran Colombia Gold puedan demandar al Estado ante tribunales internacionales (Pro Colombia, 2016), cuando, por ejemplo, se sienten afectadas ante medidas como la protección de derechos que ordenó la Corte Constitucional a un grupo de mineros del municipio de Marmato, Caldas (Redacción Judicial, 2019). Por lo tanto, para que los derechos humanos no sigan subordinados a los acuerdos de inversión es necesaria una ardua tarea en todas las escalas territoriales e internacionales…[Se refiere a: AngloGold Ashanti, Continental Gold (part of Zijin Mining), Mineros, Zandor Capital, C.I.J.Gutiérrez, Gran Colombia Gold, Cerro Matoso (part of South32), Red Eagle Exploration (part of Red Eagle Mining Co.), Argor-Heraeus y Scotiabank]

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