En la Sentencia T-462A de 2014, la Corte Constitucional protegió los derechos a la consulta previa, libre e informada, la participación y los derechos territoriales de las comunidades indígenas del Resguardo Honduras y Cerro Tijeras, exigiendo a las filiales de EPSA, así como a las autoridades ambientales adelantar procesos de restitución de derechos; un año después, las disposiciones han sido incumplidas por la empresa. En el proceso de reclamo por estos incumplimientos Eider Flor, dirigente indígena de Cerro Tijeras denunció amenazas contra él y su familia. El 11 de octubre, personas armadas asesinaron a su padre. Las organizaciones sociales piden protección para esta comunidad.