El 25 de enero, una represa propiedad de Vale en Brumadinho, Brasil, colapsó, lanzando una avalancha de barro y desechos mineros al entornos y pueblos alrededor.  Hasta el presente, hay por lo menos 60 personas muertas y cientos de personas desaparecidas.

Este último desastre sucede tres años después del colapso de la represa Samarco – en el mismo estado, también propiedad de Vale, en alianza con BHP Billiton – que mató a 19 personas y desplazó a cientos más.  En noviembre de 2018, activistas de Brasil habían viajado a Londres para reunirse con BHP Billiton y exigir reparación integral y reubicación para esas comunidades afectadas.

El equipo latinoamericano del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha dicho:

“Lo que pasó en Brumadinho muestra la devastación causada cuando se las empresas mineras actúan erradamente.

El énfasis inmediato tiene que estar en la respuesta humanitaria, pero hay preguntas serias que requieren respuestas sobre cómo pudo pasar algo así otra vez y tan rápido.  Sobre todo, teniendo en cuenta que hay  iniciativas de diversos sectores en Brasil y otros países para que esto cambie.

El gobierno debe hacer cumplir la ley, acompañar a las víctimas para que Vale escuche a trabajadores y comunidades afectados y asegurar que reciban una reparación, indemnización, restitución de derechos, garantías de no repetición y reubicación adecuadas.

Hay aprendizajes del colapso de la represa de Samarco.  Como dijeron sus víctimas esta semana “la tragedia no se acaba cuando para la corriente de lodo”.  Por experiencia propia, sienten que han sido “olvidados”, y cuando han buscado remediación ante las cortes, ésta no ha sido adecuada.  Solo el mes pasado les dijeron que, en contra de los acuerdos previos, los pagos hechos en ayuda financiera urgente se deducirán de la compensación total debida a las comunidades. La Defensoría dice que esta sentencia se debería a las peticiones judiciales presentadas por Vale y BHP Billiton.

Esta tragedia subraya la necesidad de una regulación más rigurosa sobre las empresas, que evalúe los riesgos e impactos de derechos humanos de sus operaciones y cadenas de valor. Una debida diligencia obligatoria, que insista en que las empresas deben identificar, prevenir y reparar situaciones que vulneran los derechos humanos, ya es ley en Francia, y está en discusión en otros países.  Eso permite a las víctimas seguir procesos penales si las empresas son negligentes y ocurre una tragedia.  Junto al fortalecimiento de entes estatales de monitoreo, ayudaría mucho a la prevención de desastres y violaciones de derechos humanos que destruyen vidas y comunidades.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos se solidariza con las víctimas, seguirá monitoreando los nuevos detalles del caso y se acercará a Vale para pedirle una respuesta.