Con utilidades netas de 1,081 millones de pesos en 2019, Alsea, operadora de diferentes cadenas restauranteras, decidió abrir un programa de “licencia voluntaria” por 30 días sin goce de sueldo para empleados que así lo eligieran, con el fin enfrentar la crisis por el COVID-19. La decisión de uno de los corporativos más grandes del país levantó dudas sobre su legalidad y despertó el enojo de los mexicanos y mexicanas, que en redes sociales llamaron al boicot. Los inversionistas también castigaron. El lunes 23 de marzo, después de su anuncio, las acciones de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeron 8.37% en su valor, a 16.97 pesos por título bursátil…

Alsea presume en su web que cuenta con varios sellos que avalan su sustentabilidad como el de “Empresa Socialmente Responsable (ESR)”, el de Dow Jones Sustainability Indices, Pacto Mundial de la ONU y el programa Va por mi cuenta, para alimentar a niños; ninguno de los responsables de los programas y certificaciones se ha pronunciado al respecto de la decisión. Tampoco se han pronunciado públicamente los accionistas o tomadores de decisiones de la empresa, como la familia Torrado, los varios fondos de inversión o los 11 hombres y 1 mujer que forman parte de su consejo de administración.