“Pagar por la fuerza y la justicia” – 8 de agosto de 2019

…La existencia de convenios de cooperación entre instituciones como la Fiscalía o el Ejército, y empresas petroleras o mineras, es una situación que según varios líderes sociales puede generar un contexto de violación de derechos humanos para ellos y sus comunidades. De esos convenios preocupan dos cosas: la amplia relación económica entre privados y estatales —especialmente cuando se trata de las instituciones que ejercen la fuerza y la justicia—; y la asimetría jurídica que suponen los pleitos en que una de las partes puede financiar al ente investigador… [l]as preguntas que surgen son de carácter urgente. Por ejemplo, si los convenios se celebran en pro de la defensa nacional ¿por qué los dineros se están invirtiendo en adquisición de paquetes turísticos y tiquetes aéreos para militares, entre otros? Es el caso de convenio 12-031, firmado entre Ecopetrol y las Fuerzas Militares… La pita se enreda más cuando estos convenios se celebran entre privados y la Fiscalía. Según los documentos obtenidos, ésta se compromete a adoptar “criterios de priorización de situaciones y casos, procurando una especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa”, es decir, la Fiscalía agiliza los procesos en los que Ecopetrol es la víctima en el caso…