...En dicho espacio, el Gobierno Federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”. A lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento. 

Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, que viola sus derechos  sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas...