15 de febrero de 2019

Danelly Estupiñán, quien hace parte de la mesa de derechos humanos del Paro Cívico, denunció amenazas y seguimientos, al igual que su compañera Leyla Arroyo. Los nuevos hechos se suman a las intimidaciones de la que es víctima desde el 2015. La justicia no avanza en ninguno de los dos casos… ”En el 2015 recibí amenazas después de participar en tres investigaciones que develaban los impactos de la expansión portuaria en Buenaventura. El informe ‘Buenaventura: un puerto sin comunidad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. También participé de la investigación denominada ‘Asedio a las comunidades’, sobre TCBUEN una empresa catalana en Buenaventura. Luego participé en la investigación local ‘Más puerto, menos comunidad’. Esos documentos brindan pruebas importantes que la violencia en Buenaventura no es casual, sino que obedece a una violencia estructural que tiene un fin y es usada como una estrategia para consolidar las dinámicas económicas. Recibí amenazas telefónicas después de participar en esas investigaciones y de organizar, en conjunto con el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, la audiencia Víctimas del desarrollo la cual fue presidida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que sesionó en Buenaventura en el 2005”…