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文章

2022年12月19日

作者:
Diario Responsable

Comentario: Más de 220 organizaciones de la sociedad civil cuestionan deficiencias en el texto de la Directiva Europea y ley sobre empresas y derechos humanos

“Directiva y ley sobre empresas y derechos humanos, ¿Una oportunidad perdida?” – 15 de diciembre de 2022

El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó su propuesta de directiva de Debida Diligencia de las Empresas en materia de Sostenibilidad. Esta Directiva podría representar un hito en la reducción de los impactos negativos de las empresas sobre los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en todo el mundo… En respuesta, más de 220 ONG y sindicatos de todo el mundo acogimos la propuesta como un paso esencial y muy esperado hacia la rendición de cuentas de las empresas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia de las víctimas. Sin embargo, resultaba urgente abordar las importantes deficiencias del texto, que quedaron recogidas en una declaración conjunta promovida por organizaciones sociales, ya que se corría el riesgo de impedir que la directiva no lograra el impacto positivo que las personas, el planeta y el clima necesitan urgentemente… Desde que la Comisión Europea publicó su propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo han estado elaborando sus propias posiciones sobre el proyecto de directiva. El Consejo aprobó el 1 de diciembre pasado su “Orientación General”, que confirma la posición del Consejo para las negociaciones a tres bandas, que deberían comenzar en la primavera de 2023… Sin embargo, ayer los gobiernos de la UE debilitaron la propuesta. Francia - con el apoyo de España, Italia y Eslovaquia - llevó a cabo una maniobra de último minuto para eximir al sector financiero. Los cambios propuestos por los ministros al proyecto de ley dejan la inclusión del sector financiero a la discreción de cada Estado miembro, lo que conduciría a la fragmentación del mercado y a una 'competición a la baja'… Además, al limitar las normas a un concepto vago de 'cadena de actividades' y no a cadenas de valor, protege a las empresas que producen plaguicidas, armas o tecnología de vigilancia del escrutinio de los daños que pueden dar lugar sus productos y servicios…

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