A cinco años del derrame más grave de la historia de la minería en México, en los ríos Bacánuchi y Sonora, las víctimas siguen sin recibir reparación eficaz, completa y adecuada por parte de Grupo México.  El proceso de reparación no ha incluido la participación verdadera de las comunidades afectadas, a pesar del fallo judicial del año 2018, que exige al Estado y la empresa garantizar ese derecho a las comunidades afectadas por la violación de sus derechos humanos debido a los impactos medioambientales de proyectos económicos en sus territorios.