Este artículo fue publicado por primera vez en OpenDemocracy.

En medio de la pandemia de COVID-19, hay crecientes llamados para que el gobierno y las empresas formen un "nuevo contrato social". Esto abordaría las dificultades económicas inmediatas, y compartiría más equitativamente las cargas y beneficios de nuestras economías. Esto proviene de actores tan diversos como el Congreso Internacional de Sindicatos y el Financial Times. Por el contrario, demasiados líderes y lideresas empresariales parecen dispuestas a abandonar su "licencia social para operar" pasando los costos de esta crisis a las trabajadoras y trabajadores vulnerables de sus cadenas de suministro. Este enfoque no sólo exacerba el sufrimiento humanitario inmediato, sino que también polariza aún más nuestras sociedades desiguales, creando una mayor desconfianza pública en los mercados.

La escala y el alcance de la pandemia de COVID-19 crece cada día al igual que el impacto en las empresas y para los derechos de las trabajadoras, trabajadores y las comunidades que dependen de esas empresas para su subsistencia. Millones de personas trabajadoras han sido despedidos en las fábricas de la cadena de suministro de Asia y América Latina; la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh informa que una cuarta parte de los 4 millones de personas trabajadoras del sector de la confección han sido despedidos o cesados por cancelaciones masivas de pedidos de prendas pret-a-porter; en dos semanas, diez millones de personas trabajadoras se han registrado como desempleadas en los Estados Unidos. Estos son sólo algunos ejemplos del daño catalogado en nuestro portal sobre el impacto de COVID-19 en las empresas y los derechos humanos.

Mientras que el virus no discrimina, la respuesta de nuestras sociedades sí lo hace. Los diversos efectos de nuestra respuesta a la pandemia están exacerbando la desigualdad ya extrema que acecha a nuestras sociedades: los y las jornaleras migrantes en la India se están trasladando en masa de sus barrios marginales a sus aldeas de origen para evitar la indigencia; los y las trabajadoras migrantes de la industria de la construcción del Golfo están teniendo que vivir en una "prisión virtual" después de un brote de COVID-19; y el Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido informa de que los y las trabajadoras jóvenes, las mujeres y las personas con salarios bajos tienen siete veces más probabilidades de trabajar en los sectores del Reino Unido que ahora han sido cerrados.

En estas condiciones extremas, la relevancia de los valores y normas de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos crece exponencialmente con la pandemia. Estos valores deben advertir nuestra búsqueda de respuestas adecuadas al sufrimiento humanitario ahora, y la búsqueda de soluciones para "reconstruir mejor", como ha dicho el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Las buenas noticias son irregulares, pero hay algunas: en primer lugar, cuando los gobiernos han actuado de forma inteligente y decisiva siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, el impacto económico del virus es menor y está disminuyendo. En segundo lugar, algunos gobiernos han aumentado rápidamente la protección social para las y los trabajadores despedidos por la crisis: el 75% de los salarios pagados por el Gobierno de Dinamarca, y el 80% en el Reino Unido. Igualmente, un pequeño grupo de empresas parece estar actuando con cierta responsabilidad - H&M e Inditex acordaron cumplir los contratos firmados con sus proveedores en Bangladesh, Camboya y Myanmar, y Primark emitió tardíamente un compromiso similar. Unilever, Patagonia y KiK parecen estar adoptando enfoques similares, y la campaña 'Save our SMEs' de la Cámara Internacional de Comercio combina un llamado a favor del apoyo empresarial con los derechos laborales.

La trágica noticia es que muchas marcas internacionales parecen estar abandonando la parte "social" de sus responsabilidades de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG). Empresas como Urban Outfitters están invocando cláusulas de "fuerza mayor" en sus contratos para evitar la entrega y el pago de los pedidos producidos. Por supuesto, el impago a sus proveedores probablemente significará que no se pague a las trabajadoras y trabajadores que han pasado las últimas semanas laborando en la producción de su ropa, a menudo en el mismo momento en que las mujeres son despedidas sin indemnización. En nuestro mundo polarizado, estas acciones corporativas sirven para reforzar el colapso de la confianza pública en los mercados mundiales que los asocia con corporaciones desarraigadas, extrema desigualdad, empleo precario y colapso climático.

Las acciones de las empresas en esta pandemia serán recordadas por contrapartes y gobiernos. Los avances en el pensamiento empresarial sobre los derechos humanos en las dos últimas décadas no sólo se verán retrocedidos, sino más bien reforzados por esta crisis. El Financial Times ve ahora un mundo muy diferente para las empresas y las personas trabajadoras: "Los gobiernos [...] deben ver los servicios públicos como inversiones y no como pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda...y los impuestos sobre el patrimonio tendrán que estar en la mezcla".

La primacía del estado se está reforzando con esta crisis. Esto puede conducir pronto a una reglamentación que cambie el propósito de los mercados, alejándose de la primacía del accionista y orientándose hacia una mayor participación de las contrapartes para lograr una prosperidad y seguridad compartida, incluida la seguridad climática. 

Ahora hay voces fuertes que piden que cualquier estímulo económico importante de los gobiernos sea redistributivo y que se aprendan las lecciones del colapso financiero de 2008. Los estímulos deberían proteger a la mayoría, y también actuar para beneficiar diferencialmente a las empresas e inversionistas responsables que están dispuestos a formar parte de esta reconversión de nuestros mercados, que se espera desde hace mucho tiempo. Y el mismo principio debería asegurar un mayor apoyo a las empresas que pagan un salario digno, respetando la libertad de asociación de los trabajadores y el derecho a la negociación colectiva, al tiempo que se reducen las emisiones de CO2.

Vivimos en un momento de crisis convergentes: pandemia, colapso climático y desigualdad insostenible. Las y los líderes empresariales e inversionistas con visión de futuro ya están adoptando el cuidado de los derechos humanos y el medio ambiente, y tienen planes de debida diligencia para crear capacidad de recuperación en preparación para los choques perturbadores que se avecinan. 

Sorprendentemente, las crisis convergentes están haciendo que estas personas lideresas se hagan oír más en su defensa de una regulación gubernamental inteligente para apoyar las transformaciones urgentes del mercado. Actualmente, las empresas e inversionistas europeas responsables encabezan esta defensa, con el apoyo de una ley de derechos humanos y de debida diligencia ambiental, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles y la revisión de la Directiva sobre la Presentación de Informes No financieros.

Más de 100 inversionistas respaldan tres declaraciones de apoyo a las leyes de debida diligencia, al igual que 50 empresas alemanas. Y tres asociaciones empresariales suizas que representan a más de 300 empresas abogan por una ley nacional de debida diligencia. Estas corporaciones líderes deberían añadir ahora un fuerte componente a su defensa de los nuevos planes de protección social de los gobiernos en respuesta a la pandemia: insistir en que los rescates empresariales con fondos públicos deberían exigir a las empresas que presenten planes con plazos determinados para adoptar la debida diligencia en materia de derechos humanos, el respeto de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y la reducción de las emisiones con base científica, como mínimo.

Las lecciones de la crisis económica mundial de 2008 y de la pandemia COVID-19 son que nuestro modelo empresarial dominante es insostenible y debe ser transformado. Los Estados asertivos son esenciales en esta transición. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, con un nuevo énfasis en la diligencia debida de las empresas, los derechos de las personas trabajadoras y la protección social señalan el camino hacia un futuro más resistente e inclusivo para los mercados mundiales.

Nuestra respuesta a la pandemia ahora dará forma a nuestro futuro. Con la escala prevista de estímulo económico mundial, los gobiernos, las empresas y los inversionistas tienen una oportunidad única de llevar la responsabilidad en materia de derechos humanos y clima al centro de los modelos empresariales y de nuestras economías. Debemos ser lo suficientemente valientes para aprovechar esta oportunidad.

Mary Robinson es la ex presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y actualmente Presidenta del Consejo Consultivo Internacional del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Phil Bloomer es el Director Ejecutivo del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

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