La protesta nacional iniciada el jueves 21 de noviembre dio lugar a movilizaciones pacíficas en rechazo a un conjunto de medidas que incluyen una nueva reforma fiscal, privatización de 16 empresas públicas, reformas en las pensiones y demanda por respeto a defensoras y defensores de derechos humanos, que siguen siendo asesinados en el país. La respuesta estatal se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, como el asesinato de un joven estudiante de secundaria, cientos de heridos, incluyendo miembros de la policía, restricciones a la movilidad por actos violentos contra el transporte público, militarización de ciudades y controles a la libertad de expresión.