A través del análisis de la grave situación de amenazas y ataques al grupo de mujeres abogadas del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, de Bucaramanga y Cúcuta, a Héctor Sánchez, en Puerto Gaitán y de Miller Dussán, en Neiva, todos ligados a la denuncia de impactos sociales y ambientales de proyectos de minería de carbón y oro a cielo abierto, así como petróleo e hidroeléctricas, ocurridos en el pasado reciente, el Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) plantean en un nuevo informe una serie de recomendaciones al Estado colombiano para prevenir, investigar y castigar la persecución a defensoras y defensores de derechos humanos (Se refiere a Emgesa, parte de Enel; Eco Oro Minerals, ConocoPhillips, Isagen (parte de Brookfield), Pacific Exploration & Production (ahora Frontera Energy) y Ecopetrol). El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos había invitado en el pasado a responder a Enel, ConocoPhillips, Pacific Exploration & Production, Ecopetrol e Isagen a denuncias relacionadas con los mismos casos.