Durante décadas, las personas y comunidades afectadas por el cambio climático —así como abogados(as), defensores(as) y organizaciones de la sociedad civil que les representan— han venido utilizando el litigio como herramienta estratégica para la rendición de cuentas por parte de las empresas por los daños a los derechos humanos relacionados con dicho cambio climático. Históricamente, estas demandas se interponían contra los gobiernos. Sin embargo, tal como demostramos en nuestro Informe Anual de 2018, Turning up the heat: Corporate legal accountability for climate change [Aumenta la temperatura: la responsabilidad legal de las empresas por el cambio climático], cada vez más, las empresas son objetivo directo de los litigios.
 
Además, los "sospechosos de siempre" ya no son los únicos que impulsan a actuar. De forma creciente, los accionistas institucionales y privados interponen demandas judiciales contra las empresas o instituciones privadas en las que poseen acciones (los denominados litigios de accionistas). Por lo tanto, los accionistas se están erigiendo en un grupo importante de defensores en la lucha contra la impunidad de las empresas por los daños relacionados con el clima (para más información, véase nuestro último Informe Jurídico sobre Litigios en Materia de Clima).
 
La primera demanda mundial interpuesta por accionistas por una supuesta falta de adecuada difusión sobre riesgo climático fue presentada contra Exxon Mobil Corporation (Exxon), en 2016. Esta demanda colectiva fue iniciada por un grupo de inversores estadounidenses que solicitaron a Exxon una indemnización por daños y perjuicios después de que el precio de sus acciones cayera un 13% ese año. Los demandantes alegaron que la empresa había realizado declaraciones falsas y engañosas con relación al impacto del cambio climático en su actividad empresarial, lo que condujo a una sobreestimación significativa del valor de sus reservas de petróleo y a un aumento ficticio del valor de la empresa. Aunque posteriormente se desestimó el caso, éste preparó el camino para lo que parece ser una tendencia en aumento de los litigios federales de acciones de grupo en los Estados Unidos.
 
De ese modo, se han iniciado en los Tribunales Federales de California al menos dos nuevos casos de este tipo desde finales de 2018, en los que los accionistas reclaman una compensación monetaria por los supuestos daños y perjuicios que sufrieron como consecuencia de declaraciones falsas y engañosas relacionadas con el impacto del cambio climático. Barnes v. Edison International, por ejemplo, es una demanda por fraude en la que se alega que la empresa proporcionó información engañosa sobre las medidas de mitigación que había adoptado con relación al cambio climático y con el creciente riesgo de incendios forestales en California. En York County v. Rambo, una coalición de fondos de pensiones e inversionistas ha demandado a Pacific Gas and Electric Company y a su empresa matriz PG&E. En la demanda se alega que el valor de los bonos preferentes disminuyó debido a que los demandados no informaron sobre la situación real de sus negocios y operaciones ni de los riesgos que suponían sus prácticas laxas de seguridad contra los incendios forestales.
 
El litigio también se utiliza para procurar el cumplimiento de otras obligaciones fiduciarias y derechos procesales. En julio de 2018, Mark McVeigh presentó, por primera vez en el mundo, una demanda contra el fideicomisario de su fondo de jubilación, el Retail Employees Superannuation Trust (REST). El demandante alega que REST incumplió sus obligaciones como fideicomisario al no tener en cuenta de forma adecuada los riesgos inherentes al cambio climático. En consecuencia, exige que REST le proporcione la información solicitada y pide al tribunal que dicte medidas cautelares para evitar futuros comportamientos indebidos por parte del acusado.
 
En la misma línea, en octubre de 2018, Client Earth, una organización medioambiental sin ánimo de lucro y accionista de la empresa energética polaca Enea SA, demandó a la empresa ante el Tribunal Regional de Poznán en Polonia. La demanda afirma que, debido a los riesgos financieros relacionados con el clima, la autorización otorgada a Enea para la construcción de una central eléctrica de carbón perjudica los intereses económicos de la empresa y de sus accionistas, por lo que ésta no se debería construir. El ambicioso objetivo de este tipo de demandas es modificar la estrategia de las empresas de combustibles fósiles, obligándolas a abandonar inversiones controvertidas.
 
Otro importante caso de litigio por parte de accionistas es Fentress v. Exxon Mobil Corp. Varios empleados de la empresa que participaron en un plan de ahorro de Exxon Mobil y que habían invertido en acciones de Exxon presentaron esta demanda de grupo, que fuera recientemente desestimada por la justicia. En la demanda se alegaba, sin embargo, que el hecho de que la empresa no divulgara información sobre el cambio climático violaba las obligaciones fiduciarias conforme a la Ley de Seguridad de los Ingresos de los Empleados Jubilados (Employee Retirement Income Security Act, ERISA). Las personas demandantes argumentaron se había aumentado artificialmente el valor de las acciones de Exxon mediante fraude y engaños, lo que convertía a las acciones de Exxon en una inversión imprudente, según la ley ERISA y perjudicaba al Plan y a los participantes en dicho Plan que compraron o que eran titulares de acciones de Exxon.
 
Tal como muestran estas demandas, cada vez más, los accionistas se están erigiendo en importantes protagonistas del esfuerzo mundial por lograr que las corporaciones rindan cuentas por su impacto negativo sobre el clima. Hasta la fecha, los accionistas han recurrido a uno de los dos argumentos siguientes: que el desconocimiento de los riesgos climáticos ha socavado su capacidad de ejercer sus derechos como accionistas, y que, el uso engañoso de la información por parte de la empresa ha perjudicado sus intereses como accionistas. La información relacionada con el cambio climático es fundamental en ambas líneas de argumentación. El litigio de accionistas también es interesante en cuanto a la reparación que solicitan los demandantes. El abanico es amplio y va desde la compensación monetaria y la restitución, pasando por el cumplimiento de las obligaciones sobre información en materia de clima y la reparación declaratoria por las violaciones del derecho a la información, hasta los intentos más ambiciosos de modificar la estrategia comercial de las empresas de combustibles fósiles.
 
Aunque muchas de las demandas están en curso, las innovadoras estrategias legales en las que se basan todavía deben superar la prueba del tiempo. Mientras tanto, las empresas ya no pueden ignorar estas omnipresentes demandas —incluso de sus propios accionistas— para que aborden, mitiguen e informen de forma adecuada sobre su impacto climático.