En medio de las discusiones sobre la prevención de impactos en la población del departamento del Huila derivados de la puesta en marcha de la hidroeléctrica El Quimbo, de la Empresa de Energía de Bogotá en consorcio con Emgesa [parte de Endesa, parte de Enel], que afecta afluentes del río Magdalena, la autoridad ambiental ordenó la suspensión del llenado de la represa hasta tanto no se realicen labores preventivas; al mismo tiempo, un grupo de campesinos decidió ocupar pacíficamente tierras aledañas al proyecto, reclamando el incumplimiento del Estado a sus demandas.