Las personas que luchan contra los abusos empresariales en América Latina y el Caribe se enfrentan a amenazas, homicidios y serios ataques a sus libertades cívicas, según un nuevo análisis publicado hoy (26 de septiembre de 2023). Las cifras del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) revelan que la región ha sido constantemente clasificada como la más peligrosa del mundo para quienes plantean preocupaciones legítimas sobre actividades empresariales irresponsables. 

Entre enero de 2015 y diciembre de 2022, el CIEDH identificó casi 2.000 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos (DDH) en América Latina y el Caribe, lo que representa el 42% del total de ataques (4.700) registrados en todo el mundo. La mayoría de los ataques (86%) se concentraron en sólo seis países de la región: Honduras, México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala.

La mayoría (86%) de las agresiones fueron contra quienes protegían su derecho a la tierra y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Los pueblos indígenas, se vieron afectados de forma desproporcionada y fueron objeto del 35% del número total de agresiones. Dado que esta investigación se basa en información que se encuentra en el dominio público -y que los datos oficiales de los gobiernos sobre agresiones son extremadamente limitados-, el problema es sin duda más grave de lo que indican estas cifras. 

Otros hallazgos clave fueron: 

• Los sectores más peligrosos para las personas defensoras en la región fueron la minería, la agroindustria y la ganadería, las energías renovables, la tala y la madera y el petróleo, el gas y el carbón.  
• Más de 1 de cada 4 agresiones (28%) de los casos registrados fueron asesinatos.  
• Tres de cada 10 ataques (30%) constituyen acoso judicial, que incluye arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos y acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés).  
• Más del 95% de los ataques contra personas defensoras indígenas en América Latina y el Caribe se relacionaron con la protección de sus tierras y territorios y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. 
• Más de una quinta parte del total de ataques contra personas defensoras en la región fueron contra mujeres defensoras; el 38% de estos ataques fueron contra mujeres defensoras indígenas. 
• Entre 2015 y 2022, más de 200 defensores y defensoras indígenas de la región fueron asesinados en relación con su labor de defensa de los derechos humanos frente a prácticas empresariales perjudiciales.
• El 86% de los ataques fueron contra personas defensoras que protegían sus derechos a la tierra y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.  

La magnitud de los ataques letales y no letales contra quienes protegen sus derechos, los recursos naturales y el medio ambiente de los daños relacionados con las empresas pone de manifiesto el fracaso de los gobiernos de América Latina y el Caribe a la hora de cumplir con su deber de proteger los derechos humanos. Aunque algunos gobiernos han realizado esfuerzos considerables para desarrollar mecanismos nacionales de protección para las personas defensoras de los derechos humanos (como Colombia, México, Honduras y Guatemala) y otros han aprobado leyes en este sentido (como Perú y Ecuador), esta investigación revela que estos mecanismos y legislaciones no se están aplicando de forma efectiva.  

Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, Investigadora de Libertades Cívicas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHs), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, dijo: "Cada día, personas de toda América Latina y el Caribe luchan contra actividades empresariales que dañan los derechos humanos y el medio ambiente. Pero debido a esta labor crucial, se enfrentan a ataques terribles, como amenazas de muerte, acoso judicial y otras formas de intimidación. Muchas han sido asesinadas, y las personas indígenas sufren un nivel desproporcionadamente alto de agresiones cuando denuncian prácticas empresariales perjudiciales.”

"Aunque los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente se producen en todas las regiones del mundo, América Latina y el Caribe es constantemente una de las regiones más peligrosas para quienes luchan contra la injusticia empresarial: casi la mitad de los ataques que se producen en todo el mundo tienen lugar en esta región. El elevado número de agresiones se produce en el contexto de siglos de colonización, patriarcado, explotación de los recursos naturales, negación de los derechos a la tierra y los territorios, y racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas. Lamentablemente, esto ha llevado a una falta generalizada de respeto por la libre determinación y autonomía de los Pueblos Indígenas y su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

"Los Estados de América Latina y el Caribe deben reconocer que las iniciativas voluntarias para atajar este problema no están funcionando. Los gobiernos de la región no vigilan las agresiones contra las personas defensoras, lo que significa que el problema está oculto y es incluso más grave de lo que sugieren las cifras. Hay una necesidad urgente de que los Estados hagan más para prevenir los ataques, no sólo mediante la aplicación de normas de salvaguardia para las personas defensoras de los derechos humanos, sino también mediante el reconocimiento de las expectativas básicas en virtud del derecho internacional para que los actores empresariales protejan a las personas defensoras en sus países. El Acuerdo de Escazú aporta esperanzas de mejora en la protección de los/as DDH en América Latina y el Caribe, lo que garantizaría un entorno seguro y saludable para abogar por la protección de los derechos humanos en el contexto de prácticas empresariales irresponsables. La próxima Opinión Consultiva sobre Cambio Climático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también presenta una oportunidad crucial para salvaguardar a los defensores." 

En el informe pueden encontrarse estudios de casos específicos de toda la región. Entrevistas con personas defensoras podrían estar disponibles previa solicitud. 

// NOTAS FINALES

Nota a los editores: 

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una ONG internacional que realiza un seguimiento de las repercusiones en los derechos humanos (positivas y negativas) de más de 10.000 empresas de casi 200 países. Buscamos respuestas de las empresas cuando la sociedad civil plantea sus preocupaciones.

Las SLAPPs (acciones judiciales abusivas contra la participación pública) son una táctica utilizada por las empresas para impedir que las personas expresen su preocupación por sus prácticas. Los SLAPPs pueden agotar los recursos de los miembros de la comunidad, activistas y periodistas que se manifiestan en favor de los derechos humanos y el medio ambiente. También pueden tener el efecto de de disuadir a otros de denunciar riesgos o abusos.