Venezuela ha estado bajo observación de la OIT por las reiteradas denuncias de abusos de derechos humanos cometidos por empresas, entre ellas de propiedad estatal, mediante prohibiciones o restricciones al derecho a la huelga y la protesta, los despidos injustificados y la tercerización de la fuerza laboral; pero también por las detenciones, persecución y hostigamientos a dirigentes sindicales por parte del Gobierno.