Ante el riesgo de una inminente derrota jurídica en su querella contra 33 campesinos nahuas de Ayotitlán, Jalisco, el Consorcio Minero Peña Colorada, con el respaldo de las autoridades colimenses, presionó a la mayoría de los procesados para obligarlos a aceptar el “perdón judicial” por el delito de despojo, con lo que tácitamente admiten que cometieron el acto que se les imputa, denunció el abogado… “Al firmar esto…ellos aceptan la culpabilidad del delito y esto les puede generar una multa, un pago de reparación del daño a favor de la empresa y también que les genere antecedentes penales; entonces, ahora que los indígenas estaban a punto de ganar el amparo, a la empresa le conviene que este perdón se acepte…”[según abogado].