Pese al rechazo expresado por las comunidades indígenas de Nayarit, y las reiteradas discusiones en torno a la inconveniencia de construir esta hidroeléctrica, las autoridades ambientales dieron su aprobación al proyecto, por lo que organizaciones ambientalistas y las de pueblos indígenas han pedido a diversos relatores de la ONU se pronuncien por los impactos de derechos humanos y ambientales en estas poblaciones.