Este blog fue inicialmente publicado por openDemocracy. También está disponible en inglés y en francés.

Actualmente existe una crisis de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y la situación está empeorando. En nuestro trabajo con el Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos), damos seguimiento a los esfuerzos legales más recientes para responsabilizar a las empresas por las violaciones de derechos humanos, a fin de compartir conocimiento entre los abogados y, en última instancia, fortalecer la rendición de cuentas. Durante años, hemos resaltado los obstáculos cada vez mayores a los que se enfrentan las víctimas al tratar de obtener justicia. Dado que las empresas rara vez tienen que rendir cuentas, ha habido pocas razones para ser optimistas.

La crisis de impunidad es tan grave que tuvimos que dedicar un espacio considerable en nuestro último Informe anual a las amenazas contra los defensores y los abogados que trabajan en la rendición de cuentas de las empresas. En 2016, incluso vimos cómo Pavel Sulyandziga, un líder indígena muy conocido en Rusia y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, habló abiertamente sobre el acoso que están enfrentando él y su familia debido a su trabajo para apoyar a las comunidades locales a evitar que las empresas extractivas se apoderen de sus tierras.

Los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de rendición de cuentas empresarial han enfrentado asesinatos, golpizas y amenazas y casi nunca, si no es que nunca, logran obtener justicia.

Las leyes como armas

Los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de rendición de cuentas empresarial han enfrentado asesinatos, golpizas y amenazas y casi nunca, si no es que nunca, logran obtener justicia. Por otra parte, las leyes se usan frecuentemente como armas. En los últimos dos años, el Business & Human Rights Resource Centre ha dado seguimiento a más de 450 casos de ataques contra defensores de derechos humanos que trabajan en materia de rendición de cuentas de las empresas. El tipo de ataque más frecuente es el acoso judicial (40 % de los casos).

En febrero de 2016, seis activistas que se oponían al uso de las tierras de los aldeanos para plantaciones de Socfin fueron encarcelados después de que un tribunal de Sierra Leona los declaró culpables de la destrucción de 40 plantas de aceite de palma. Los activistas afirman que son inocentes y ven el juicio como una “táctica para meternos a la cárcel para que no podamos alzar la voz sobre los inaceptables acuerdos sobre las tierras en el cacicazgo de Malen”.

Con frecuencia, estos tipos de acoso legal no pretenden ser demandas exitosas, sino más bien están diseñados para silenciar a los defensores de derechos humanos al ocuparlos en costosos procesos de litigio. En Francia, la empresa Vinci demandó por difamación a la ONG Sherpa, después de que esta presentó una denuncia penal contra la empresa y su filial qatarí en marzo de 2015 por el presunto uso de trabajo forzado en sus obras de construcción en Qatar. Sherpa declaró lo siguiente acerca de las demandas: “[a]l involucrarnos en estos costosos procesos, Vinci claramente busca presionarnos para que retiremos nuestra acción legal por falta de recursos”.

Estas demandas a menudo son respuestas desproporcionadas a declaraciones tan pequeñas como una publicación en redes sociales. Durante una misión en Indonesia en septiembre de 2016, nos reunimos con la ONG KontraS, que actualmente está haciendo campaña contra la criminalización de los defensores de derechos humanos. Nos contaron sobre un activista de la ONG WALHI (Amigos de la Tierra Indonesia) que enfrentaba una denuncia penal por difamación presentada por los partidarios de un proyecto de recuperación de la tierra en Bali, por una publicación en Twitter en la que se burló de ellos. En los Estados Unidos, Green Group Holdings presentó una demanda de 30 millones de dólares contra activistas comunitarios después de que estos se quejaron en las redes sociales sobre el vertedero de la empresa y sus efectos sobre la salud de los residentes locales. Lee Rowland, un abogado sénior de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) que trabajó en el caso, dijo: “Nadie debería temer que se presente una demanda de millones de dólares en su contra simplemente por hablar en nombre de su comunidad; pero eso les sucedió a nuestros clientes”.

Las demandas como estas tienen un efecto paralizador sobre el activismo y la defensa de derechos humanos. La desigualdad de poder y recursos entre las grandes empresas con equipos de abogados y los defensores de derechos humanos de base significa que es posible que muchos activistas cedan a las exigencias de las corporaciones en lugar de participar en una costosa batalla legal. Este efecto paralizador es inconmensurablemente peor cuando los defensores enfrentan amenazas de agresión física y muerte.

De la impunidad a la rendición de cuentas

Las empresas se benefician de un entorno en el que hay libertad de expresión, trabajadores satisfechos y una base de consumidores más amplia, y los gobiernos atraen inversiones cuando el Estado de derecho es fuerte. Los gobiernos deben despenalizar la difamación según lo recomiendan las principales ONG y las organizaciones internacionales y regionales, promulgar leyes que protejan del acoso a los defensores de derechos humanos y sus abogados, y proporcionar un entorno propicio y espacios cívicos abiertos para quienes trabajan en temas de responsabilidad legal empresarial.  (Por supuesto, los detractores dirían que las leyes penales sobre la difamación son necesarias para proteger su reputación, pero también hay responsabilidades civiles). Los gobiernos deben aprobar leyes que aborden las demandas estratégicas contra la participación pública, como las aprobadas en varios estados de los EE. UU. y provincias canadienses.

Las corporaciones pueden contribuir a que los gobiernos mejoren al expresar su oposición a las leyes o acciones gubernamentales que amenacen con reducir el espacio cívico. Natural Fruit interpuso una demanda por difamación en Tailandia contra Andy Hall, un investigador y activista de derechos laborales británico, por un informe que alega la existencia de explotación laboral contra los trabajadores migrantes en fábricas de la empresa. El vicepresidente sénior de S Group, una empresa finlandesa de venta al por menor que tenía a Natural Fruit entre sus proveedores, testificó a favor de Andy Hall en la demanda penal por difamación en su contra en julio de 2016. La acción de S Group en este caso demuestra las medidas que pueden tomar las empresas para apoyar a los defensores de derechos humanos que enfrentan ataques legales. Las empresas también pueden redactar políticas específicas sobre los defensores de derechos humanos, como lo hizo adidas, en las que expliquen por qué los defensores de derechos humanos son importantes para su trabajo y definan lo que esperan de los proveedores de la empresa.

Todos nos beneficiamos de la labor de los defensores de derechos humanos y la promoción del Estado de derecho, así que las empresas y los gobiernos deberían esforzarse por apoyarlos y protegerlos. El sistema legal se debe utilizar únicamente para reforzar el Estado de derecho, no para agobiar a sus defensores.