La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), una cumbre internacional sobre el clima que comenzó el 31 de octubre, está siendo calificada como un "punto de inflexión para la humanidad". Para que la COP26 se considere un éxito, muchos comentaristas coinciden en que tiene que alcanzar algunos objetivos clave: debe preservar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5C; tiene que asegurar la eliminación de los combustibles fósiles, a través de compromisos creíbles por parte de los gobiernos, los financieros y las empresas; tiene que cumplir la promesa de 100.000 millones de dólares para 2020 en financiación climática, lo que permite una ambiciosa inversión en energías renovables; y tiene que llegar a un acuerdo claro sobre las normas para el comercio de créditos de reducción de carbono en el mercado mundial. Pero estos objetivos, si se logran, no serán efectivos si el acuerdo climático alcanzado no se centra en los derechos humanos. En nuestra cobertura de la COP26, destacamos las voces de los pueblos indígenas, que reclaman el derecho a la tierra como solución climática clave, de las organizaciones de derechos de los trabajadores, que exigen que se aborden los vínculos entre el desplazamiento climático y el trabajo forzoso, y de los movimientos de derechos humanos y medioambientales que coinciden en que la minería de minerales de transición debe transformarse para que la transición de las energías renovables sea justa. Un compromiso y una acción ambiciosos por parte de los inversores, que reconozcan la necesidad de una transición rápida pero justa, serán cruciales para garantizar que las demandas de estos titulares de derechos se materialicen.