Los pueblos indígenas despojados de sus tierras por proyectos de energía renovable y la minería del litio, los dirigentes de los trabajadores del sector bananero que se enfrentan a amenazas de muerte, y la esclavitud moderna y el trabajo forzoso en las fábricas de ropa son sólo algunas de las denuncias de abusos que se han manifestado recientemente en América Latina.

La urgencia de abordar los efectos negativos reales y potenciales de las actividades de las empresas en los derechos humanos figura en el programa de muchos países de la región latinoamericana, pero es especialmente aguda en México. La situación de las personas defensoras de derechos humanos ofrece un claro indicador de este persistente y preocupante contexto. 

Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), 160 personas defensoras que trabajan en temas de responsabilidad corporativa en México han sido atacadas desde 2015, convirtiéndolo en el 4º país más afectado en todo el mundo. Los datos muestran que los sectores más frecuentemente directa o indirectamente implicados en estos ataques han sido la energía renovable (presas hidroeléctricas, proyectos solares y eólicos) con 51 casos, la minería con 49 casos y la construcción con 24.

En la mayoría de los ataques registrados, las personas defensoras estaban protegiendo el medio ambiente (59 casos) o el territorio y la tierra (69), y hubo al menos 11 casos en que fueron presuntamente atacadas debido a su trabajo de protección del acceso al agua. Los asesinatos fueron la forma de ataque más comúnmente registrada (40), seguida de la intimidación y las amenazas (36), y las detenciones y arrestos arbitrarios (31).

Estas y otras cifras son similares en muchos países de América Latina, donde la democracia y la participación pública están siendo desafiadas por una combinación de políticas y prácticas que pueden favorecer proyectos e inversiones insostenibles, la corrupción, la violencia política, el fenómeno de la captura del Estado por parte de las empresas y la falta de mecanismos y procesos obligatorios de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente.

En general, algunas tendencias económicas y de políticas públicas en América Latina todavía tienen como eje central la promoción de proyectos de infraestructura, agricultura a gran escala, industrias extractivas, turismo a gran escala y proyectos de energía, muchos de los cuales son cuestionados por desarrollarse a expensas de los derechos humanos de las personas más vulnerables. En innumerables informes se sigue planteando la preocupación por esos proyectos y los riesgos o consecuencias directas en el acceso al agua, la salud, el derecho a la tierra, un nivel de vida adecuado y un medio ambiente sano, entre otros derechos.

Para debatir estas cuestiones, las Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea y la sociedad civil están organizando un foro en la Ciudad de México titulado "Debida diligencia en derechos humanos y reparación frente a los impactos de las actividades empresariales" (12 y 13 de marzo). El aspecto más interesante del foro, que reunirá a una amplia gama de interesados, es la extraordinaria oportunidad de profundizar en el debate hacia un marco obligatorio de debida diligencia en materia de derechos humanos y establecer un hito en la región de América Latina.

El Gobierno de México, el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades afectadas y los organismos internacionales se reunirán para debatir el marco internacional de derechos humanos existente que se aplica a las actividades empresariales, así como los retos y oportunidades de incorporar estas normas a un instrumento nacional obligatorio sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos que regule las operaciones de las empresas públicas y privadas en el territorio mexicano.

Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, es responsabilidad de toda empresa (ya sea de propiedad privada o pública) respetar los derechos humanos. Esto significa que, entre otras cosas, las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de la forma en que abordan sus efectos adversos sobre los derechos humanos.

Para ello, deben actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos, proceso que debe incluir la evaluación de los efectos reales y potenciales en los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la adopción de medidas al respecto, el seguimiento de sus planes para atender estos efectos y los esfuerzos de comunicación sobre la forma en que estos se abordan guiándose por perspectivas intersectoriales -como el género- y con la participación significativa y culturalmente apropiada de las comunidades afectadas.

El informe recientemente publicado, preparado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado "Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos" proporciona un instrumento regional necesario para orientar estos debates y acciones y se presentará por primera vez en México en este foro.

En el informe se reconoce que las empresas son agentes relevantes para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y para la mejora de las condiciones de vida de las personas; sin embargo, la falta de mecanismos eficaces para prevenir los abusos de derechos humanos y reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas de las actividades empresariales, incluidas las operaciones transnacionales, no sólo afectará a las personas y las comunidades en el disfrute de sus derechos, sino que también podría perjudicar al sistema democrático y socavar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

En este sentido, en el informe se destaca que las iniciativas voluntarias de las empresas relacionadas con los derechos humanos, aunque importantes, no pueden sustituir a la responsabilidad jurídica de las empresas. Por lo tanto, al cumplir con el deber de proteger, los Estados tendrán que garantizar obligaciones vinculantes y directas para las empresas a fin de respetar los derechos humanos.     

La posición geopolítica de México en la economía mundial y, por tanto, en las cadenas de suministro internacionales, lo convierten en un país estratégicamente situado para incorporar un marco de debida diligencia en materia de derechos humanos en su legislación y sus políticas públicas que cumpla con las normas de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta la diversidad de sus industrias, sus relaciones comerciales y económicas, y siendo uno de los únicos dos países latinoamericanos miembros de la OCDE, México podría avanzar fuertemente en la implementación de sus obligaciones en materia de derechos humanos y ser un guía para otros actores estatales al mostrar a las empresas nacionales y extranjeras cómo los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos pueden traer beneficios al Estado, al sector privado y, lo que es más relevante, a su población. 

Los días 12 y 13 de marzo tenemos una oportunidad sin precedentes para debatir colectivamente estas cuestiones y sentar las bases de una fructífera hoja de ruta hacia el primer marco de debida diligencia en materia de derechos humanos en América Latina.

Foto: Nan Palmero, flickr CC BY 2.0