Los casos de Chiquita y Drummond han puesto sobre la mesa un tema complejo, el de los vínculos entre empresarios y grupos armados ilegales en Colombia -que no es un problema solo de las multinacionales. Evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas...Fuera de los pagos [a paramilitares y guerrilla], Chiquita estuvo involucrada en el 2001 en el tráfico de 3.400 fusiles AK-47 y municiones...[E]l caso de Drummond es parecido, solo que la demanda...no es por pagos a paramilitares per se, sino por los asesinatos en 2001 de [tres] directivos del [sindicato] Sintramienergética...Los familiares de los sindicalistas...argumentan que la Drummond, específicamente su presidente Augusto Jiménez, instigó los asesinatos....Drummond ha negado los cargos...Estos casos suscitan varias reflexiones sobre las reglas del juego para las empresas cuando se encuentran con circunstancias difíciles...¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo?...[Hay] la creciente aceptación de la idea que las empresas, multinacionales y domésticas, pueden y deben “hacer más” en materia de promoción y respeto de los derechos humanos...Adicionalmente, entre los expertos y comunidad de abogados se empieza a hablar ya de la “complicidad” de las empresas en la violación de derechos humanos. [se refiere a Banadex, BP, BHP Billiton, AngloAmerican, Occidental Petroleum, Chevron-Texaco, Shell y Rio Tinto]