Una exhumación ordenada por la Corte, tras las dudas que planteó desde el hallazgo del cadáver de la activista en agosto del 2016, el médico forense Luis Ravanal indicó que se trata de una muerte violenta distinta al suicido. La activista se oponía a las labores de la empresa RP Global, a través de SAESA, subcontratista, en el territorio indígena mapuche, porque no habían sido consultados.